Los servicios de salud, las medicinas y los equipamientos médicos obedecen a las mismas leyes económicas que existen para cualquier otro bien o servicio. Son recursos escasos.

  Siendo así, sólo si hay intercambios de mercado podremos tener una idea de su valor real aproximado en relación al resto de necesidades de las personas.

  Cuando se producen de forma privada, hay una tendencia al aumento de su calidad y a una caída en su precio. Esto se debe a la competencia entre los empresarios que, por tener que agradar a cada vez más clientes – de lo contrario no obtendrán beneficios -, innovan, diversifican, abaratan y hacen cálculos de precio y de riesgo.

  Esta es la manera eficiente y pacífica de producción.

  Pero también existe la manera ineficiente y violenta.

  Imagine que una persona consigue capital por medio de varios asaltos a mano armada contra la población o por medio de la impresión de moneda falsificada, pudiendo obtener financiamiento siempre que quiera. Imagine también que tenga el poder de regular e incluso de suprimir la competencia.

  ¿Qué tipo de servicio de salud ofrecerá? Sin necesidad de preocuparse por agradar al cliente, por obtener beneficios y por mantenerse en el negocio, sus costes subirán y practicará cada vez más asaltos y falsificaciones de moneda. La calidad se desplomará.

  Este corrupto sistema existe y se llama Sistema Público de Salud.

  Definamos, por lo tanto, las dos formas de prestación de servicios de salud: privada (pacífica) y pública (coercitiva).

  La superioridad ética de la producción privada es evidente. Respeta los derechos naturales de vida, libertad y propiedad del individuo, mientras la pública supone necesariamente la coerción contra inocentes, sea en su financiación vía impuestos, sea en su forma reguladora.

  Un análisis económico sólido nos permite entender cómo la existencia de un aparato público de salud perjudica a los más pobres.

  Las instituciones médicas estatales funcionan bajo un régimen socialista de producción. El capital se obtiene por medio de la tributación y ninguno de sus gestores arriesga recursos privados en la empresa. No hay incentivos ni medios para hacer un cálculo objetivo del valor de los bienes de capital empleados, tales como terreno, máquinas, salarios, equipamientos, energía y materias primas.

  Aunque se estipulara un precio para los servicios médicos estatales, la ausencia de propiedad privada sobre los medios de producción del servicio impide el establecimiento eficiente de precios y hace imposible la obtención de beneficios.

  Rodeado por esta niebla de ausencia de precios, el sistema público será un arreglo necesariamente ineficiente. El resto de la sociedad tendrá que cargar con sus hipertrofiados costes de operación pagando más impuestos. Cualquier impuesto, aunque incida directamente sólo sobre los más ricos, afectará principalmente a los pobres.

  Con esa mayor carga tributaria, habrá una menor acumulación de capital por parte de las empresas. Consecuentemente, se generarán menos empleos, lo que disminuirá los salarios. Al mismo tiempo, se producirán menos bienes y servicios, encareciendo todos los bienes de la economía, inclusive aquellos utilizados como insumo por los prestadores de servicios médicos. El plástico de los embalajes de las medicinas será más caro al tiempo que el pobre tendrá menor poder adquisitivo.

  Las implicaciones lógicas en el campo de la sociología y de la política son aún más graves. El círculo vicioso económico se intensificará, pues habrá más lobby político presionando por un aumento de los presupuestos de la salud, lo que agrava el cuadro. Un político que intentara interrumpir este pernicioso proceso perdería capital político y no tendría muchas oportunidades en una democracia.

  Considerando que las personas actúan para satisfacer sus propios intereses, es una ingenuidad pensar que los políticos actúan para cuidar de la población. El objetivo de los miembros del estado es generar dependencia y hacer demagogia para permanecer en el poder. De esa forma, no sólo mantienen un sistema público de salud, sino que también regulan el sector privado, haciéndolo menos atractivo y evitando la extinción natural que normalmente ocurriría con una institución tan desastrosa.

  Conforme explica Leandro Roque:

¿Qué ocurriría en un arreglo en el que hay un continuo deterioro de los servicios de salud y los salarios de los médicos están controlados por el gobierno? La respuesta es obvia: los médicos preferirían huir de tal sistema y pasar a tratar directamente con sus pacientes, sin amarras burocráticas y sin regulaciones. O sea, habría una fuga de médicos hacia la medicina totalmente privada, en un arreglo de libre mercado.

En tal arreglo, obviamente, los médicos no sólo podrían ganar mayores salarios, sino que también tendrían la libertad de tratar a sus pacientes de acuerdo con sus propios criterios médicos, lo que les proporcionaría más clientes y, consecuentemente, más dinero.

En la medicina pública permanecerían sólo los incompetentes e incapaces, algo pésimo para cualquier democracia, un sistema en el que los políticos necesitan votos.

Siendo así, el gobierno se encuentra en una encrucijada. Al mismo tiempo que debe desahogar al sector público de salud, no puede permitir que el sector privado cree grandes incentivos, bajo pena de perder a sus mejores profesionales y, consecuentemente, permitir el total deterioro de la medicina pública. Por tanto, necesita crear un medio término.

Y es así que el gobierno entra en escena estipulando pesadas regulaciones sobre el sector de planes de salud, haciendo que los servicios médicos suministrados por las aseguradoras sean casi tan malos como los públicos. […]

Sólo los realmente ricos consiguen evitar tales escollos, y generalmente hacen sus consultas, ingresos y cirugías sin el uso de aseguradoras, tratando directamente con los médicos, siempre los mejores. Y éstos, por su parte, cobrarán caro justamente porque no existe competencia para sus calidades y también porque saben que poseen una clientela cautiva, compuesta por aquellas pocas personas que pueden darse el lujo de no utilizar planes de salud para pagar sus cirugías.

  O sea, la fuerte regulación hace que sólo los médicos de élite consigan saltarse todas las barreras impuestas por el estado y atender a sus clientes sin intermedio de convenios y aseguradoras. Esta medicina de alto nivel sigue siendo un privilegio de los muy ricos.

  La existencia del sistema público presenta además los siguientes efectos: disminuye el celo personal para con la propia salud; subsidia la enfermedad a costa de las personas saludables; disminuye la propensión a la caridad; y disminuye la innovación empresarial, lo que podría abaratar la medicina y llevarla a las clases de renta baja.

  El efecto más nefasto, sin embargo, es el afán estatal por reducir los inevitables gastos crecientes de la salud pública por medio del control de los hábitos de la población. Las hitlerianas medidas de prohibición de las drogas, del cigarrillo con sabor, el control alimentario, etc., son consecuencias de la salud socializada. No me sorprendería el advenimiento de sesiones de entrenamiento físico obligatorias.

  En ausencia del estado, los pobres tendrían acceso a un amplio y dinámico mercado de seguros de salud, cuyo mercado ya no estaría regulado en pro de las aseguradoras, como ocurre hoy. Las empresas disputarían la mano de obra ofreciendo, entre otras cosas, atractivas coberturas de salud. Los hospitales atenderían a enfermos indigentes graves como forma de dar publicidad a sus servicios.

  La desregulación total de los cursos de medicina permitiría la formación de médicos buenos y baratos. Los servicios de hospitales-escuela privados, mucho mejores que cualquier sistema estatal, podrían atender a sus alumnos gratuitamente, pues ganarían con su formación. Las acciones filantrópicas y de caridad cubrirían las lagunas. Y todo eso sin hablar de la ausencia de impuestos y regulaciones que hoy aumentan el coste de vida de los pobres.

  Si el socialismo agrícola mató a tantas personas de hambre y si la producción privada de comida alimenta a tantas bocas dondequiera que haya un mercado relativamente libre, ¿por qué insistimos en el error de la medicina socializada delante de tantas pruebas?