EL ESTADO Y LA INNOVACIÓN

– Oscar Rodríguez Carreiro – 

  Se afirma comúnmente que la innovación es uno de los aspectos fundamentales que conducen al desarrollo económico y que, por poseer ciertas características especiales (fundamentalmente por ser un bien público expuesto a externalidades), necesita el apoyo del Estado, por ejemplo en forma de subsidios o creación directa de I+D, formación de habilidades o el establecimiento de una red de instituciones de investigación. Esta idea representa una visión mecanicista y cientifista de la innovación que exige una clarificación del concepto.

  Según la definición de la RAE, innovar consiste en mudar o alterar algo introduciendo novedades. Una innovación no significa necesariamente una mejora. Cualquier cambio, por estúpido o ridículo que sea, consiste en una innovación. Si invento un nuevo modelo de máquina que tiene la mitad de productividad que el modelo anterior, estoy innovando. Si diseño un nuevo producto que no quiere ni una sola persona, estoy innovando.

  Encontrar nuevas maneras de hacer daño también constituye un ejemplo de innovación. El desarrollo de la bomba atómica llevó mucho más lejos que antes la capacidad de destrucción masiva. La “solución final” de los nazis con la introducción de modernos procesos industriales supuso un ejemplo de innovación en el campo del genocidio. De hecho, el Estado ha sido una de las instituciones más innovadoras a lo largo de la historia, encontrando o adoptando a gran escala nuevas y refinadas maneras de intervención que permitieron aumentar su poder y su capacidad de extracción de recursos: la creación e imposición de un monopolio del papel moneda, la utilización de herramientas matemáticas para la elaboración de censos que permitieran obtener información detallada de los individuos y sus recursos, la continua creación de nuevos tipos de impuestos, etc. Los economistas, politólogos, sociólogos y otro tipo de académicos que constituyen la “guardia intelectual” del Estado están innovando continuamente a la hora de encontrar nuevas expresiones retóricas que justifiquen la intervención estatal. Se podría decir que uno de los elementos que contribuyen al éxito académico lo constituye la capacidad innovadora para encontrar nuevas maneras de expresar una y otra vez los mismos argumentos que justifican la intervención. Así, por poner un ejemplo, un gran número de autores actuales sostiene la necesidad de que el Estado coordine la inversión industrial, afirmando que el éxito económico depende de la realización de nuevas actividades y esto necesita de la realización simultánea de inversiones complementarias hacia arriba y hacia abajo en la estructura de producción que no se pueden producir en un sistema de mercado libre por la descoordinación de los empresarios privados. Este argumento no es sino una variante del argumento marxista de la anarquía de producción capitalista que conduce al caos económico y que justifica la imposición de un sistema de planificación central. Sin embargo, en un claro ejemplo de innovación, ciertos economistas actuales han encontrado una nueva manera de expresar este argumento que permite ocultar su genealogía y parentesco.

  Se podría objetar que el apoyo estatal a la innovación no conduce necesariamente a novedades estúpidas o dañinas, sino al desarrollo de nueva tecnología que permite mejorar el estándar de vida de las personas. Lamentablemente esto no es cierto. Los recursos económicos son necesariamente escasos. Su uso en una actividad concreta implica que no se pueden utilizar en cualquier otra actividad. Al intervenir, obteniendo recursos por medio de la coerción y dirigiéndolos a aquellas actividades de investigación que considere adecuadas, el Estado está alterando el patrón de asignación de recursos del mercado libre. En el mercado libre, los empresarios intentan anticipar cuales son las necesidades más urgentes de los consumidores. Los precios anticipados de los productos finales imputan valor a los factores de producción. De esta manera, los empresarios dirigen los recursos hacia aquellas actividades de las que se espera que satisfagan en mayor medida las necesidades de los consumidores. El éxito o fracaso de la anticipación empresarial queda demostrado por la obtención de beneficios o de pérdidas. Los empresarios que sufren pérdidas (lo que significa que están desaprovechando los recursos) son expulsados del mercado, mientras que aquellos que obtienen beneficios (lo que significa que están utilizando los recursos correctamente en la satisfacción de las demandas de los consumidores) prosiguen o aumentan sus actividades productivas. El éxito de unos empresarios provoca su imitación por parte de otros, lo que dirige los recursos en la dirección adecuada y conlleva, además, la reducción del precio de los productos. De esta forma, el mercado libre está evaluando continuamente si las actividades llevadas a cabo por los empresarios conducen a la mejora de las condiciones de vida del conjunto de los individuos. El Estado, en cambio, no puede llevar a cabo esa evaluación, porque, al determinar autoritariamente a qué se tienen que dedicar los recursos, previene la elección voluntaria de los consumidores y, sin conocer el coste de oportunidad de los recursos empleados, no se puede decir si el resultado favorece o no al conjunto de los individuos.

  El mercado libre es el único sistema que puede determinar de manera racional qué investigaciones hay que llevar a cabo, gracias a que puede recurrir a la información contenida en los precios y a que existe un método como el de beneficio-pérdida para determinar qué investigación es considerada útil por los consumidores. De este modo, si una empresa arriesga su capital financiando la investigación en un campo determinado, y los productos que se obtienen como resultado de dicha investigación se venden de manera que produzcan beneficios, se demuestra que los recursos utilizados, tanto en la investigación como en la fabricación de los productos, fueron empleados de una manera que satisfacía las necesidades de los consumidores. Ello, a su vez, estimulará la investigación en dicho campo. Si los resultados producen pérdidas, se demostrará que dicha investigación no era útil para servir adecuadamente a los consumidores.

  Incluso aunque la acción del Estado condujera a mejoras tecnológicas no se puede decir que contribuya a la mejora del estándar de vida de la mayoría de la población. El desarrollo y la implantación de esa nueva tecnología podrían estar desviando recursos de otras actividades más valoradas. Es decir, una tecnología obsoleta puede ser económicamente más eficaz que una más avanzada si permite utilizar menos recursos que se pueden usar para otras actividades más valoradas. La introducción eficiente de nueva tecnología depende del ratio de preferencia temporal, del tipo de interés y del capital acumulado, información que se transmite en un sistema de mercado libre a través de los precios y que queda distorsionada por la propia intervención estatal.

  Sólo existe una manera de determinar qué innovaciones son beneficiosas: las elecciones voluntarias de los individuos. Al destruir la “soberanía del consumidor”, la promoción de la innovación por parte del Estado no constituye sino una sustitución por la fuerza de las valoraciones arbitrarias de un pequeño grupo de personas a costa de las valoraciones de la mayoría de la gente. La promoción estatal de la innovación es otra forma de malgasto de capital que supone el empeoramiento de las condiciones de vida de la mayoría de la gente.