UN HOMENAJE INVOLUNTARIO AL DESPOTISMO
-Daniel Rodríguez Carreiro-
En el mes de abril se conocía la noticia de que el Gobierno austriaco se preparaba para expropiar la casa donde nació Adolf Hitler con el objetivo de evitar que se convierta en un centro de peregrinación de simpatizantes del nazismo. Su actual propietaria se había negado hasta el momento a vender el edificio por considerar insuficientes las ofertas recibidas. Por eso el Parlamento tramitó una ley especial para llevar a cabo la expropiación y evitar que la casa caiga en malas manos.
En este caso uno no puede más que estar de acuerdo con los objetivos perseguidos, pues no hay duda alguna de que la lucha contra cualquier ideología que promueve la violencia es algo admirable y positivo. El problema no está en esos objetivos sino en los medios adoptados para alcanzarlos. Sobre todo si tenemos en cuenta que, a través de esos medios y de forma paradójica, el Gobierno austriaco está realizando un homenaje involuntario a algunos de los principios económicos y jurídicos más importantes del nacional-socialismo.
Podemos resumir la cuestión de la siguiente forma: 1º. El Gobierno austriaco toma una decisión que sitúa el bien común (evitar la propagación del nazismo) por encima de los intereses individuales (los de la propietaria del edificio). 2º Ello implica el control de determinados recursos económicos (la casa) cuyo uso se destinará a aquellas acciones que el Gobierno considere más convenientes. 3º Para poder hacer esto se tramita una ley que ofrezca cobertura legal a la decisión adoptada.
Esos tres elementos destacados fueron compartidos por la filosofía jurídica y económica del nacional-socialismo. En primer lugar el fascismo alemán era un enemigo declarado del individualismo y consideraba que el bien común debía tener preferencia sobre el bien particular de ciudadanos individuales. Uno de los padres intelectuales del fascismo alemán fue Paul Lensch, quien declaró en su libro Three Years of World Revolution que el socialismo debía presentar una oposición consciente y determinada al individualismo. La filosofía del fascismo alemán se expresaba en el eslogan “el bien común es más importante que el bien privado”. El propio Hitler manifestó públicamente que “el individuo no puede ser el centro de los cuidados de la ley, sino el pueblo”.
En segundo lugar, y como consecuencia de lo anterior, esta forma de totalitarismo estableció un sistema económico conocido como corporativismo fascista: una economía dirigida por el gobierno, con participación obligatoria entre empresas, gobierno y sindicatos, y organizado a través de un sistema regional de ´cámaras económicas´. En este sistema los objetivos a los que se debían destinar los recursos económicos eran decididos y supervisados por el Gobierno.
En tercer lugar la concepción del derecho estaba directamente influida por la teoría del decisionismo legal de Carl Schmitt. Como doctrina legal, el decisionismo sostiene que en última instancia la realización del derecho depende de una decisión política vacía de contenido normativo. Esto no implica la ausencia de valores y normas en la vida política sino la convicción de que éstos no pueden ser seleccionados por medio de un proceso de deliberación racional entre visiones alternativas del mundo sino que deben ser escogidos e interpretados por quien tiene el poder político. Es decir que las normas jurídicas se pueden modificar en cualquier momento y no tienen otra fundamentación más que la voluntad del poder político.
Por supuesto en la decisión adoptada por el Gobierno austriaco, no se sigue esta filosofía tan cruda de Schmitt sino la versión más cientificista de Hans Kelsen. Según este jurista:
Una norma jurídica no vale por tener un contenido determinado […] sino por haber sido producida de determinada manera, y, en última instancia, por haber sido producida de la manera determinada por una norma fundante básica presupuesta […] De ahí que cualquier contenido puede ser derecho. No hay comportamiento humano que, en cuanto tal, esté excluido de ser el contenido de una norma jurídica.[i]
Por lo tanto y, por muy noble que podamos considerar el objetivo perseguido, los medios que emplea el Gobierno austriaco, al crear una ley “ad hoc” para expropiar a un individuo con el objetivo de perseguir un bien mayor, son perfectamente compatibles con las ideas del totalitarismo alemán. Al situar al Estado como el intérprete último de lo que se considera el bien común y al creer que puede modificar a su antojo las normas y disponer como considere conveniente de las propiedades de los ciudadanos se está reconociendo la situación de sumisión y dependencia de estos ante las decisiones adoptadas por la autoridad política.
Hace tiempo se consideraba a la propiedad privada como un derecho absoluto que no podía ser modificado, vulnerado o suprimido por los poderes públicos. Esta consideración sagrada de la propiedad era una de las principales armas que la gente corriente tenía contra los abusos y el despotismo de aquellos que ostentaban el poder. Se dice que Federico II el Grande, rey de Prusia, quiso comprar la propiedad de un molinero que se encontraba cercana a su palacio. Ante sus reiteradas negativas el rey amenazó con emitir un decreto para expropiar sus terrenos. Pero el molinero demandó al rey ante los tribunales y le fue otorgada la razón, consiguiendo, de esta manera, evitar la amenaza de expropiación.
Si el Gobierno austriaco quiere de verdad evitar los homenajes a déspotas y tiranos como Adolf Hitler haría mucho mejor en seguir el ejemplo del molinero y considerar la defensa de la propiedad privada como un elemento esencial para el mantenimiento de la libertad y la justicia.
[i] Hans Kelsen, Pure Theory of Law (Clark: The Lawbook Exchange, 2005) p. 198.
