LA SANIDAD PÚBLICA Y EL CÁLCULO ECONÓMICO
– Ignacio Almará –
La última crisis ha traído a debate un tema para muchos muy sensible: los recortes en sanidad. Aunque han pasado ocho años desde el inicio de la crisis, en España se siguen sucediendo los titulares que tienen los recortes como protagonista. Por ejemplo, en Canarias, el presidente del gobierno, Fernando Clavijo, acaba de anunciar el cese de los recortes y una inyección de 5 millones de euros adicionales con el fin de mejorar las listas de espera.[i]
Los recortes no son ni más ni menos que una menor cantidad presupuestada para un fin concreto. Los estragos económicos producidos por las manipulaciones políticas del crédito y la moneda que condujeron a la crisis, han llevado a muchos burócratas y políticos a plantearse recortes presupuestarios, seguramente temporales, en muchos sectores de la actividad del Estado, algunos de ellos en educación o sanidad, los cuales son el sanctasanctórum de las socialdemocracias modernas.
En España se producen a diario intercambios de críticas entre todos los bandos políticos, sobre si los recortes fueron positivos o negativos, o si han sido excesivos o insuficientes. Es común, sobre todo en declaraciones de miembros de las dos nuevas fuerzas políticas, defender a toda costa el cese de recortes y el restablecimiento de un sistema sanitario de calidad. Es un tema espinoso, ya que, desde el punto de vista político y electoral, la sanidad pública es intocable, debido a la creencia generalizada de que, de no existir la asistencia pública, la gran mayoría de personas, quedaría desatendida.
Lo cierto es que, en realidad, nos es imposible saber si los recortes son suficientes o excesivos. De hecho, nos es imposible saber si la asistencia sanitaria es suficiente o insuficiente, si los recursos están bien empleados, si sobran camas, hospitales y personal, o si en realidad hacen falta más. Esta cuestión alude a la esencia misma de la asistencia sanitaria, a la relación entre el médico y el paciente, y a la toma de decisiones políticas en esta materia.
Esta toma de decisiones se produce en base a lo que se llama “inteligencia sanitaria”. Este concepto se refiere, esencialmente, al proceso por el que se recogen, interpretan y transmiten datos sanitarios, desde los investigadores y profesionales de la salud hasta los políticos, con el fin de dotarlos de una capacidad de decisión que se ajuste a datos empíricos que pueden indicar las necesidades de la sociedad. En este proceso se recurre de forma frecuente a datos epidemiológicos (estadísticos) y a datos sobre nuevas investigaciones técnicas con el nivel de evidencia científica adecuado. Por ejemplo, se cree que si sabemos el número de problemas de conducción cardíaca por año en una determinada población, sabremos cuántos utensilios que arreglen la situación son necesarios para un año, y la forma de elegirlos es guiándose por la evidencia científica, que nos dirá que el utensilio adecuado es un marcapasos con unas u otras características. A grandes rasgos, estos son los datos fundamentales que se manejan en la toma de decisiones de la política sanitaria.
Pero surge una duda, ¿cómo sabemos si la gente necesita con más urgencia equipos de diálisis que marcapasos, o si hacen falta más personal en pediatría que equipos de tratamiento en cardiología? Este es el problema fundamental de la sanidad pública y, en general, de cualquier actividad estatal: ¿cómo podemos saber a qué actividad destinar los recursos de que disponemos?
Los recursos son limitados, es por eso que hay que determinar a qué actividades destinar los recursos de que se dispone, con el fin de no sustraerlos de actividades o fines más valorados. Para guiarnos en este complejo mundo de múltiples actividades y recursos limitados, disponemos de una única herramienta: el cálculo económico.
En la vida en sociedad, los seres humanos manejamos mucha información, la gran mayoría de esta información es información subjetiva, práctica y no articulable. Es información que nosotros conocemos por nuestra propia experiencia, con nuestras impresiones y matices particulares y que difícilmente puede ser transmitida de forma íntegra a otros. Esencialmente, esta información consiste en el conocimiento de valoraciones, nuestras o de los demás.
Cuando se produce un intercambio, como una compra-venta, la información sobre el valor asignado por las partes a los bienes queda resumida en el tipo de intercambio registrado, esto es, el precio. Un precio no es más que un registro en unidades monetarias de la cantidad por la que se intercambió un bien o bienes en un momento determinado. Sin embargo, el precio tiene un atributo, que es esa capacidad de transmitir información sobre valoraciones de forma breve y concisa. Con los precios uno puede saber cuán valorado es un bien en un momento concreto. Los cambios en los precios nos informan de cambios en la valoración, nos dan una idea sobre cuán importante es el producto en cuestión para la sociedad.
El cálculo económico es lo que permite a los empresarios saber si los beneficios estimados son superiores a los costes en los que se ha incurrido. Es, esencialmente, un balance de beneficios y pérdidas. Esto resulta importantísimo para la vida en sociedad, ya que solo así podemos saber a qué actividades destinar los recursos, no destinando recursos a otras actividades menos valoradas. Es decir, si realizamos un balance de beneficios y pérdidas, y este sale positivo, significa que hemos hecho un buen uso de los recursos que disponíamos, hemos cosechado beneficios, utilizando los recursos disponibles de una forma correcta.
Desde el punto de vista social, la cosecha de beneficios significa que hemos atendido correctamente las necesidades de la gente, la cual ha comprado nuestro producto o servicio. La gente, a través de la compra, ha demostrado sus preferencias, y esto se traduce en beneficios para el empresario. Si el bien o servicio no fuera apreciado, por ser de mala calidad o demasiado caro, se producirían pérdidas, que mandarían el mensaje al resto de los productores de abandonar esta actividad. Para poder utilizar el cálculo económico es necesario por tanto disponer de precios. Solo así podremos llevar a cabo el balance.
Cuando se da un caso de intervención estatal, se trastoca todo este sistema. El Estado tiende a eliminar los precios. Un hospital público, por ejemplo, desconoce el precio de un análisis de sangre del laboratorio, conociendo solo los costes totales de la actividad de dicho laboratorio. De la misma manera, no existe un precio de venta de la asistencia médica, y los precios ofrecidos por las empresas privadas están presumiblemente trastocados por la actividad pública. Esto hace que sea imposible para un hospital llevar a cabo un balance de costes y beneficios, y, por tanto, saber si los beneficios superan o no a los costes. Se puede dar el caso de que esté destinando recursos a actividades que presumiblemente no son tan valoradas por la sociedad. Lo mismo pasa con los mencionados marcapasos. El Estado no dispone del precio de la operación en la que se coloca el marcapasos y, por tanto, no puede llevar a cabo el balance y saber si está destinando recursos a una actividad valorada.
Los hospitales públicos son incapaces de llevar a cabo el cálculo económico, de descubrir si están realizando las actividades más valoradas por la gente y de asignar los recursos idóneos en cada momento. Esto tiene un efecto gravísimo. Cuando un empresario decide gastar en una máquina y no en otra, lo hace pensando en el mejor rendimiento que obtendrá un producto más valorado por la sociedad. Lo que condiciona los costes en los que puede incurrir son el precio anticipado del producto que quiere vender y los beneficios esperados. Sin embargo, las actividades públicas carecen de este método, y, por tanto, no toman las decisiones pensando en ofrecer el mejor y más valorado servicio, sino que las toman de forma arbitraria, basándose en lo que los políticos consideran que es mejor para la población, independientemente de que esto coincida o no con lo que la gente valore.
Los niveles de evidencia y la epidemiología son un mero parche para suplir la falta de información que sufre el gobierno a la hora de tomar decisiones sobre actividades y recursos económicos. Solamente podremos llegar a tener un uso racional de los recursos y una medicina realmente pensada para el paciente, en un sistema que haga uso constante del cálculo económico, lo cual solo se puede llevar a cabo en un sistema de mercado.
Si consideramos todas estas circunstancias, las cuales han sido brillantemente expuestas por autores de la talla de Ludwig von Mises y Jesús Huerta de Soto, veremos que, en el fondo, lo más importante no es determinar si hacer o no recortes o la extensión de éstos. Lo que deberíamos pensar es qué tipo de sanidad queremos en el futuro, para que sea plenamente sostenible y de calidad.
El funcionamiento eficiente de la sanidad pública es imposible por una característica connatural a toda institución socialista o pública, la imposibilidad de determinar si los beneficios que consigue superan a los costes en los que incurre. Solo las personas, de forma espontánea y no centralizada, pueden organizar algo tan complejo como la sanidad, la cual debe ser entendida como un servicio más, una actividad económica que, para poder ser correctamente administrada, necesita hacer uso del cálculo económico.
[i] http://eldia.es/agencias/8878520-CANARIAS-Clavijo-garantiza-habra-recortes-sanidad-anuncia-cinco-millones-adicionales
