LA MORALIDAD DE LA DESCRIMINALIZACIÓN DE LAS DROGAS
-Paulo Kogos –
Somos dueños de nuestro cuerpo. La soberanía del individuo sobre el propio organismo le da el derecho de introducir en él cualquier sustancia que desee (incluyendo drogas). Si el estado limita esta libertad, se estará apropiando indebidamente del cuerpo de las personas, violando la más sacrosanta propiedad privada.
El jurista Lysander Spooner distinguía el vicio del crimen. En el primero, un hombre se perjudica sólo a sí mismo, mientras que, en el segundo, daña al prójimo. Usar drogas no es una agresión a otro. Por tanto, no puede ser considerado un crimen. Puede llevar a la ruina personal, pero una persona no es verdaderamente libre sin la libertad de errar. Atender a la demanda del consumidor voluntario produciendo y vendiendo algo que no causa daños a terceros no es una agresión. Eso es lo que hace un vendedor de drogas.
Por otro lado, impedir el libre comercio de drogas genera guerras y lleva a la matanza de inocentes. Los mercados prohibidos o fuertemente reglamentados se infestan de ofertantes inescrupulosos y violentos.
Empíricamente, ya debería resultar más que obvio que la violencia va de la mano de los mercados que sufren una amplia prohibición estatal. Los traficantes de drogas no son (completamente) imprudentes; operan por dinero. Para compensar el alto riesgo de operar en un mercado prohibido por el estado, los retornos monetarios del comercio de drogas tienen que ser astronómicos. Por eso, el beneficio de ganar una cuota de mercado en el comercio de drogas es enorme. Cada nuevo cliente puede significar un beneficio extra de miles de dólares por mes.
Consecuentemente, para los traficantes tiene sentido rondar las puertas de las escuelas, vendiendo sus productos a adolescentes, o incluso dando muestras gratis para novatos. Mientras que nunca ve se a representantes de Kellogg’s vendiendo paquetes de cereales a los niños, pues el cliente adicional no compensa el coste, para un traficante tal estrategia tiene perfecto sentido. Conquistar nuevos clientes, aunque sólo sea uno, es algo mucho más valioso y lucrativo para quien opera en las industrias prohibidas que para quien opera en el sector libre.
Es por eso por lo que matar a un rival – y con eso ganar acceso a sus clientes – es mucho más lucrativo en los sectores prohibidos. Las disputas territoriales de bandas rivales que ocurren actualmente en las grandes ciudades son consecuencia de la prohibición de las drogas. Esas disputas no ocurren, como piensan algunos, porque el comercio de cocaína sea algo intrínsecamente «loco» o «insensato».
La represión estatal elimina a los productores comunes, haciendo que los precios se disparen. El aumento del potencial de beneficio atrae a personas con habilidades criminales y dispuestas a todo para ampliar su cuota de mercado.
Cuando el estado amenaza con detener a los productores de un determinado bien, acaba alterando los incentivos de mercado, de modo que la violencia pasa a ser mucho más lucrativa en esa industria. Consecuentemente, aquellas personas que tienen predisposición a convertirse en asesinas crueles tienen un incentivo adicional con la política de ilegalidad de ciertos mercados, lo que permite que prosperen y se hagan muy ricas en una sociedad cuyas leyes antidrogas son rigurosas.
La industria prohibida se ve entonces dominada por bandas, y la inevitable consecuencia son los conflictos armados entre los competidores. La criminalidad se va propagando por toda la sociedad.
Por tanto, las leyes antidrogas acaban por hacer que sociópatas puedan ganar millones por año vendiendo drogas – dinero que pueden utilizar para comprar armas automáticas, contratar sicarios, sobornar policías y convertirse en los reyes de las calles.
Con la Ley Seca (1920-1933), cuando la producción y la venta de bebidas alcohólicas fueron proscritas en los EUA, los homicidios se dispararon. En 1929, la mafia de Al Capone ametralló a hombres de su rival Bugs Moran en una disputa por los mercados de alcohol en Chicago. Hoy, es inimaginable pensar que Budweiser mande atentar contra Heineken. Por otro lado, podemos ver la brutalidad de los narco-carteles en México, donde hay 8 mil homicidios anuales conectados a la guerra contra las drogas.
La pobreza aumenta, tanto por culpa de los impuestos que financian el aparato represor, como por el menor flujo de inversiones en las áreas dominadas por el crimen organizado.
Habrá quien diga que el usuario de drogas sobrecarga la salud pública.[i] Tal argumento abre peligrosos precedentes a autoritarismos espartanos, una vez que el mismo argumento podría utilizarse con obesos, fumadores, sedentarios, promiscuos, jubilados y trabajadores de riesgo. De cualquier forma, es la descriminalización lo que minimizaría los daños a la salud del usuario y su propensión al consumo.
Prohibir o regular causa una elevación de los precios e impone barreras a la entrada, provocando que los usuarios busquen alternativas baratas en el mercado clandestino. Surgen así drogas más pesadas o adulteradas, fabricadas sin ningún parámetro de seguridad y calidad. Eso explica las peligrosas bebidas mezcladas vendidas durante la Ley Seca.
La metanfetamina, llamada «cocaína de los pobres», es fruto de la prohibición de la cocaína, así como el oxi, que es subproducto del crack (el cual, por su parte, es subproducto de la cocaína). El «Opium Act» de 1878, por medio del cual los británicos reglamentaron el comercio de opio en China, contribuyó a la difusión de la adicción a la heroína.[ii]
El aumento de precios resultante de la creciente represión estatal no inhibe el deseo del usuario de drogas, pero agota los recursos que podría invertir en el propio tratamiento. Por eso es por lo que en los EUA las muertes por sobredosis de drogas ilícitas aumentaron un 540% entre 1982 y 1996.[iii] Fue en 1982 cuando los militares y la CIA se involucraron en el combate al tráfico de drogas.
Hubo una época en la que todas las drogas eran legales. La heroína se vendía en las farmacias de la Belle Époque como un antitusivo alternativo a la morfina. Había tónicos y analgésicos a base de cocaína u opio, pero la adicción era rara. El terror que conocemos hoy es resultado de la interferencia estatal.
En un mercado libre y desregulado los competidores desarrollarían drogas recreativas y medicinales cada vez más seguras, se disputarían certificados de calidad de empresas privadas y estarían sujetos a procesos judiciales en caso de fraude o defecto. Estos sellos privados tendrían credibilidad porque estarían concursando en el mercado y dependiendo de su reputación para sobrevivir. Una vida perdida por cuenta de un producto apenas probado puede significar la suspensión de pagos.
Cuando el estado asume el papel de regulador moral, las instituciones que serían naturalmente responsables de la moralidad se debilitan, renunciando a sus funciones. El individuo se hace menos responsable y más dependiente, sin hablar del atractivo del fruto prohibido. La inhibición moral del consumo de drogas corresponde a la familia, la religión y la cultura, no a los burócratas.
Es temerario delegar las elecciones morales al agente coercitivo estatal, cuya campaña represiva sólo aumentó el índice y la gravedad de la adicción. En los estados americanos donde imperó con más fuerza la Ley Seca, el consumo de opio era un 150% mayor que en los otros.[iv] En Holanda, la política de «no-aplicación de la ley anti-droga», que llevó a una descriminalización de hecho de la marihuana, disminuyó la proporción de usuarios jóvenes del 28% al 21%.[v]
Donde haya demanda habrá alguien dispuesto a proporcionar la oferta, lo que reduce las soluciones definitivas al problema de las drogas a sólo dos: la primera es la de Mao Tse Tung, que condenó a los usuarios a la muerte (ningún ser humano con un mínimo de decencia apoyaría tal barbarie); la segunda es la liberalización total.
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Robert Murphy contribuyó a este artículo.
[i] Una de las varias ventajas de la privatización total de la salud es que eliminaría la socialización de los costes y el consiguiente riesgo moral.
[ii] Dikötter, Frank, Lars Laamann, and Zhou Xun. Narcotic culture: a history of drugs in China. Chicago: University of Chicago Press, 2004. Pág 9
[iii] Substance Abuse and Mental Health Services Administration. Datos de Drug Abuse Warning Network (DAWN): Annual Medical Examiner Data, [1992-1997]
[iv] Thornton, Mark. 1991. The Economics of Prohibition. University of Utah Press. Pág 61
[v] Travis, Alan (2007). «Cannabis use down since legal change». London: The Guardian (UK). http://www.theguardian.com/society/2007/oct/26/drugsandalcohol.homeaffairs
*artículo cedido por el Insituto Mises Brasil (versión portugués)
