ESTADO, VIOLENCIA Y LEYES PRIVADAS

 

    – Thiago Beserra Gomes –  

 

 

  La violencia – el uso de la fuerza física – es un hecho recurrente en nuestro día a día. Nos causa indignación cuando los criminales agreden a inocentes. Pero, sabemos también que la violencia es necesaria a veces, justamente para impedir que esos criminales lleven a cabo sus agresiones. Entonces, nuestra intuición nos dice que la violencia tiene un uso maléfico y otro benéfico. Pero, ¿cuál es la medida que podemos usar para aplicar en cada caso?

  La filosofía individualista nos dice que somos dueños de nuestros propios cuerpos, de tal modo que nadie posee el derecho de esclavizar a las personas. O sea, tenemos la propiedad inalienable de nuestro cuerpo. Cuando nos apropiamos de recursos sin dueño, dándoles algún uso, simplemente estamos extendiendo la propiedad sobre nuestro cuerpo hacia objetos físicos. Si la persona A encuentra una tierra sin dueño y comienza a usarla de alguna forma, la hace suya. Si una persona B tiene interés en la tierra de la persona A, dispone de formas legítimas de adquirirla. Primero, puede ofrecer algo a cambio, como, por ejemplo, una cuantía en dinero. Segundo, puede simplemente pedir la tierra, y si la persona A resuelve donarla, no sucede nada malo. En último lugar, la persona A puede simplemente abandonar la tierra (no sólo salir de ella, sino declarar que ya no la quiere) y dejársela a quién quiera apropiársela.

  Pero existe otra forma de interacción social: la violencia. La persona B, mucho más fuerte y mejor armada que la persona A, resuelve expulsar a esta última de la tierra. ¿Qué nos dice nuestra intuición moral sobre eso? Si la persona A tiene la propiedad legítima sobre la tierra, nadie puede tomarla. La violencia de la persona B es del tipo agresiva, pues no respetó el derecho de la persona A. Esta última entonces resuelve contratar dos personas, C y D, individuos fuertemente armados, para recuperar su tierra. Expulsan a B de la tierra de A utilizando la violencia, que en ese caso es legítima. Concluimos entonces nuestra medida ética, que es: usar únicamente la violencia para proteger la propiedad.

  Ahora, vamos a suponer que la tierra de la persona A sea fértil y produzca una gran cantidad de alimentos. La persona B, preocupada por alimentar a los hambrientos de su ciudad, resuelve tomar la tierra. La persona B ahora tiene una buena intención – alimentar a los pobres – pero utiliza la violencia agresiva. En ese caso, ¿podemos decir que la acción de la persona B fue ética? Lógicamente no. Cualquiera que sea la intención, no es justo que la propiedad de nadie sea agredida. La persona B puede sólo persuadir a la persona A para hacer donaciones, o comprar alimentos de su tierra, pero nunca agredir su propiedad.

  Vamos a suponer otro caso, donde la persona B no piensa en tomar la tierra de la persona A. La persona B ahora exige que la persona A pague una cuantía al mes sobre sus beneficios de la producción de alimentos. ¿Esa acción es legítima? Una vez más, no. Aunque la persona B no está tomando directamente la tierra, está robándole a A al exigir que le dé una cuantía que consiguió con su propiedad.

  El estado.

  La persona B en los ejemplos anteriores puede ser sustituida por el estado. Con la justificación de proteger a los ciudadanos, el estado agrede constantemente sus propiedades. Prohibiciones, regulaciones, impuestos, secuestros, robos, etc.; la lista de crímenes del estado es inmensa. Sin embargo, no es extraordinario que las constituciones de los estados nos digan que una de sus funciones es proteger la propiedad. Y realmente existen algunos órganos en la estructura gubernamental que hacen eso. El gobierno, en algunos casos, utiliza la violencia legítima. Un ejemplo son los departamentos de secuestro y robos de la policía. Pero el gobierno usa la violencia legítima a través de la violencia agresiva. Para costear esos departamentos, el gobierno recoge coercitivamente impuestos. Algunos argumentan que, en el caso de regímenes democráticos, como el gobierno representa la «voluntad del pueblo», la coerción estatal es legítima. Pero hemos visto que lo que define el buen y el mal uso de la violencia no es la voluntad popular, sino la propiedad. Si la voluntad de la mayoría es que se tome la propiedad de la minoría, ¿tal acción se vuelve legítima? Obviamente no.

  «Pero la democracia tiene límites, pues las personas tienen derechos», alguien puede contra-argumentar. O sea, la democracia está limitada por algunos derechos fundamentales de los individuos. Aunque la mayoría, por votación popular, escoja esclavizar a la minoría, esa decisión no es válida, puesto que viola derechos individuales. Pero, ¿en qué se basan los derechos individuales? ¡En la ética de la propiedad! Y la implicación lógica de esa ética nos dice que la violencia agresiva es ilegítima – por tanto, incluso un estado democrático es ilegítimo.

  Algunos liberales argumentan, sin embargo, que el estado es un mal necesario. Aunque utilice la violencia agresiva, necesitamos el aparato estatal para la provisión de seguridad y justicia. De hecho, hay un increíble consenso entre socialistas y liberales sobre la necesidad de la intervención del gobierno en esas dos áreas. Entonces, la violencia legítima que el estado nos proporciona es superior a la violencia agresiva. O sea, el estado es antiético, pero necesario para la interacción social.

  Sociedad de leyes privadas.

  Si la ética nos revela por qué determinada conducta es justa o injusta, también nos revela que es benéfico y maléfico en la interacción social – por lo pronto, es imposible que determinada organización social sea antiética y a la vez necesaria para la sociedad. Resumiendo: El estado, además de antiético, no es necesario para mantener las buenas relaciones entre los individuos.

  Pero, entonces, ¿cómo resolver el problema de la seguridad y justicia en un ambiente con leyes privadas? De entrada, es bueno aclarar que queremos decir con «sociedad de leyes privadas». Como la propiedad es el núcleo del orden social, las personas poseen libertad para crear sus leyes. Tales leyes pueden ser individuales o colectivas. Tienen conexión con nuestras costumbres y hábitos. Las leyes individuales exigen respeto a nuestra propiedad. Dentro de nuestra propiedad creamos nuestras reglas, con el único límite de respetar la propiedad ajena. Por ejemplo, la persona A no puede crear la siguiente ley: «quién entre en mi propiedad será mi esclavo». Claramente eso no respeta la ética de la propiedad. Las leyes colectivas se crean por acuerdos o contratos. Los individuos concuerdan entre sí seguirlas. Como ejemplo, tenemos los centros comerciales y los condominios.

  Podemos encontrar algunas objeciones a la sociedad de leyes privadas, como: «¡Todo sería un caos si cada uno pudiera crear su propia ley!». Como hemos dicho más arriba, esas leyes tiene límites, pues las personas están sujetas a la ética de la propiedad. Si usasen la violencia agresiva, estarían sujetas a justas puniciones. Sin embargo, puede surgir esta otra objeción: «¿Y si un individuo no respeta la ética de la propiedad? Peor, ¿y si es rico y está bien armado y comienza a aterrorizar las personas para que le obedezcan?».

  Como consecuencia de revelarnos lo que es justo, la ética de la propiedad también nos muestra el máximo de bienestar que puede ser generado por la interacción social. Eso significa que esa ética no es sólo justa, sino que obtiene los mejores resultados sociales, inclusive económicos. Todas las crisis sociales que tuvimos durante la historia fueron resultados de agresiones a la propiedad. Entonces, si un individuo no respeta la ética de la propiedad, es un criminal: defraudador, ladrón, asesino, etc. Si ese individuo comienza a usar su fuerza física para aterrorizar a las otras personas, estará actuando exactamente como el estado: o se somete a sus órdenes o se es perseguido como se fuera un criminal. La ventaja de leyes privadas para impedir un caso de un individuo como ese es que se le obliga a internalizar los costes. Como el estado extrae por la fuerza renta a las personas, puede gastar sin preocuparse mucho, pues los costes son externalizados siempre. El individuo de nuestro ejemplo tendrá que cargar con los costes, a menos que él mismo monte un estado y comience a recoger impuestos. Tal ejemplo nos esclarece el motivo por el cual las acciones del gobierno son naturalmente agresivas. El individuo del ejemplo actúa casi como un gobierno (en el peor de los casos, aún tendría que montar uno).

  Explicado esos puntos, volvamos a nuestra pregunta anterior: ¿cómo funcionaría la seguridad y la justicia en la sociedad de leyes privadas? La policía del gobierno no existiría, y la seguridad sería suministrada por firmas privadas. Una buena descripción del funcionamiento de agencias privadas de seguridad es la del economista y físico David Friedman en su obra Anarchy and Efficient Law. El ejemplo que el autor usa es el de un robo de una televisión. Vamos a suponer que la persona B robe la televisión de la persona A, y ésta posea una grabación como prueba y se la envía a su policía privada. Un representante de la policía de A va a la casa de B y exige la devolución de la televisión y amenaza diciendo que, si no la entrega, volverá con tres hombres armados. La persona B dice que la televisión fue un regalo y que si el representante vuelve con tres hombres, él va a contactar con su propia policía para que acuda con cinco hombres armados. Las policías privadas pueden resolver esa situación de conflicto de tres formas:

  1) Entrando en guerra; pero esa solución es la peor de todas, pues, a diferencia del estado, las policías privadas no pueden externalizar los costes. Una guerra contaría como gasto, lo que disminuiría substancialmente los beneficios.

  2) Las policías pueden hacer una negociación para resolver el conflicto sin necesitar coger las armas.

  3) Se puede llegar a un acuerdo en el cual un tribunal privado juzgará el caso. Cuando la decisión sea proferida, las dos policías acuerdan obedecerla. Pero, ¿por qué deberían las policías confiar en un tribunal privado? El tribunal privado, que busca el beneficio, ¿no sería más fácil de sobornar? Por el contrario: en un ambiente de leyes privadas, los tribunales tienden a ser más honestos porque poseen una reputación que necesitan preservar, a diferencia de los tribunales del estado, que no necesitan de clientes, pues poseen poder de monopolio. Si cualquier agencia de policía desconfía y cree que un determinado tribunal es deshonesto, no lo contratará. Los tribunales serán contratados si, por el contrario, muestran rigor técnico en las decisiones. Un escándalo para un tribunal o policía privada es preanuncio de la suspensión de pagos – en la sociedad de leyes privadas hay una tendencia para que ambos sean honestos y eficientes.

  Conclusión.

  La ética de la propiedad y la sociedad de leyes privadas pueden parecer un poco extrañas al lector acostumbrado a pensamientos socialistas e intervencionistas, donde el gobierno es supuestamente responsable por el «bien público». En realidad, el gobierno es una institución que agrede la propiedad y concede privilegios a grupos concretos. El núcleo de estabilidad del orden social es la propiedad privada. Así, para que la sociedad tenga paz, prosperidad y justicia, debe basarse en esa ética. Sería bueno que no existiera violencia, pero sabemos que eso es una utopía. El uso de la violencia sólo es legítimo para proteger la vida y la propiedad. Mientras más se aleje una sociedad de esos presupuestos, más caótica se vuelve.

 

 [i] referencias

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