Hace aproximadamente 50.000 años, un clan de familias fue presionado por la escasez de bienes y por la caída en su nivel de vida – resultante de la sobrepoblación absoluta -, y así adoptó una opción pacífica: no guerrear con otras tribus vecinas y pasar a producir controlando la tierra.
Gracias al proceso de producir bienes – en vez de consumirlos simplemente -, pasaron a ahorrar y acumular esos bienes para el consumo posterior.
Pero, dada la naturaleza del hombre, otras tribus bárbaras pasaron a codiciar los bienes acumulados de ese clan, iniciándose así una temporada de ataques violentos: muertes, secuestros y grandes asaltos.
El clan volvió a la condición inicial de pobreza y, con menos capital humano, le costó restablecerse para conseguir producir excedentes nuevamente.
Los bárbaros saqueadores se dieron cuenta de que sus robos serían más largos, seguros y confortables si permitieran que el clan continuara produciendo, ahora sin embargo con la condición de que los conquistadores se harían gobernantes, exigiendo un tributo periódico sobre el uso de los bienes de capital y monopolizando la tierra para el control de migraciones.
Esa es la típica historia del surgimiento de un estado: una milicia saqueadora conquista una tribu productiva a base de la fuerza e instaura métodos de control, para poder vivir parasíticamente de la producción de bienes de la tribu conquistada.[i]
Gracias a la tendencia natural de los monopolistas de aprovechar su posición, no sorprende la etapa a la que hemos llegado. No sólo creció el tamaño absoluto de los saqueos – y sigue creciendo -, sino que también creció el dominio territorial de los estados. Más aún: simultáneamente, se montó toda una máquina de propaganda y adoctrinamiento estatal, de modo que la amenaza de fuerza se usa sólo en último caso. Artistas, intelectuales y académicos constituyen la línea del frente de ese complejo proceso de catequización estatal, todo para esconder lo obvio: la naturaleza coercitiva e injusta del estado.
En efecto, las personas en general condenan vehementemente el robo, pero no ven ninguna contradicción entre esa postura y la existencia de los impuestos. Peor, muchos ni siquiera saben que están siendo robados.[ii] Pero, de entre las diferencias más dramáticas del modelo inicial expuesto al modelo hoy adoptado está el método para el ascenso de la clase gobernante.
Hoy, con la libertad de entrada para los políticos democráticos, tenemos una tendencia a la elección de los más demagogos y mentirosos, aquellos que constantemente apelan a los más básicos instintos. Al contrario de lo que ocurre en la producción de bienes y servicios, la libre competencia para elegir un gobernante hace aún más sofisticados los métodos de expoliación. La democracia se resume en un «negocio» dedicado al robo, la expropiación y la recepción de bienes robados. Así pues, no tiene el efecto de mejorar algo, sino de perfeccionar el mal.
En las palabras de Hans-Hermann Hoppe:
Consideremos a los políticos electos bajo un sistema democrático. Estos políticos no son los propietarios del país de la manera en que lo es un monarca; son meros celadores temporales del país, por un periodo que puede durar cuatro años, ocho o más.
Y la función de un propietario es bastante diferente de la función de un celador.
Imagine dos situaciones distintas: en la primera, usted se convierte en propietario de un inmueble. Puede hacer lo que quiera con él. Puede vivir en él para siempre, puede venderlo en el mercado – lo que significa que tiene que cuidarlo muy bien para que su precio pueda ser alto -, o puede determinar quién será su heredero.
En la segunda situación, el propietario de ese inmueble le escoge a usted para ser el celador por un periodo de cuatro años. En ese caso, usted no puede venderlo y no puede determinar quién será su heredero. Sin embargo, tiene un incentivo nuevo: extraer el máximo posible de renta de ese inmueble durante el periodo de tiempo que le fue concedido.
Eso implica que, en la democracia, el celador temporal está incentivado a extraer el valor del capital agregado del país lo más rápido posible, pues, en definitiva, no tiene que cargar con los costes de ese consumo de capital. El inmueble no es suyo. No tiene nada que perder con su uso irreflexivo. Por otro lado, el monarca, como propietario del inmueble, tiene una perspectiva de largo plazo mucho mayor que la del celador. El monarca no va a querer extraer el valor agregado de su inmueble lo más rápidamente posible porque eso se reflejaría en un precio más bajo del inmueble, lo que significa que su propiedad (el país) se legaría a su heredero a un valor más pequeño.
Por lo tanto, el monarca, por tener una perspectiva de largo plazo mucho mayor, tiene el interés de preservar – o, si es posible, aumentar – el valor del país, mientras que un político en una democracia tiene una orientación hacia el corto plazo y quiere maximizar su renta lo más rápidamente posible. Al hacer eso, inevitablemente generará pérdidas en el valor del capital de todo el país.
A pesar de que el esquema de extorsión que presenciamos sea más sofisticado que los de hace 50.000 años, la esencia del estatismo sigue siendo la misma al dividir a la sociedad en dos grupos: de un lado, la clase de personas que obtiene su renta y sus activos produciendo algo que se compra voluntariamente y se valora apropiadamente por los consumidores; de otro, la clase formada por aquellos que no producen nada de valor, pero que viven y se enriquecen a costa de la renta y de los activos de las personas productivas, a las cuales se les confisca violentamente vía tributación – lo que quiere decir que todos los funcionarios públicos y todos los beneficiarios de «programas sociales», de subsidios y de privilegios monopolistas (como los grandes empresarios) pertenecen a esta última clase.
Servicios de seguridad privados.
De esta forma, la pregunta frecuente acerca del recelo ante la formación, en una sociedad sin estado, de milicias criminales y su monopolización o cartelización adquiere una nueva óptica: ¿por qué tal preocupación, dado que ya vivimos no sólo bajo los mandos de una de ellas, sino aún peor, bajo su versión más sofisticada: el estado socialdemócrata?
Sin embargo, vayamos un poco más allá y mostremos que el arreglo voluntario de seguridad y defensa tiene bastante eficacia para evitar ese fenómeno. Antes, sin embargo, se hace necesario analizar los puntos estatistas y como sería un arreglo totalmente voluntario de servicios de seguridad.
Según Thomas Hobbes, debido a la naturaleza del hombre, la tendencia de la sociedad es la de estar en guerras constantes. De ahí se concluye la necesidad de un arbitrador soberano a fin de mediar todos los conflictos, controlando y monopolizando los servicios de seguridad y justicia. Para eso, esa parte independiente, el estado, debería tener también el monopolio del territorio y del crimen, en particular el derecho de tributar. Pero la premisa hobbesiana es falsa y contradictoria – y, aún si no lo fuera, la conclusión a la que llega no tiene sentido.
Nótese que también el gobernante – bien sea un monarca, un dictador, un político o un señor feudal – tendrá que ser un hombre y, por lo tanto, también tendrá inevitablemente la «naturaleza perversa» prevista por Hobbes.
En verdad, no hay como saber la mejor respuesta a esa cuestión si las personas no son libres para escoger donde buscar servicios de seguridad – si no quieren, ellas mismas, defender sus propiedades.
Si hay un soberano coercitivo – es decir, que no tiene aceptación unánime -, se tiene también otra contradicción: tendrá que decidir unilateralmente el precio de su protección, vía impuestos. Consecuentemente, él mismo ya inicia todo el proceso de agresión, coaccionando a sus súbditos.
La ciencia económica demostró que no es necesario presuponer empatía entre los individuos para que haya interacción pacífica en la sociedad. Al contrario: los individuos se mueven por el interés propio, y es a causa de su interés propio que las personas cooperan, una vez que son capaces de reconocer que la división del trabajo es más eficiente para la generación de prosperidad que el aislamiento auto-suficiente o la guerra.
(La empatía – entendida como compartir un objetivo común – es bastante limitada para la solución de los problemas de mercado y prácticamente se limita al ámbito familiar.)
Así, consideremos un objetivo complejo, como la producción de una camiseta. Su proceso productivo implica incontables etapas, como: plantación y cosecha de algodón, hilado, tricotaje, teñido, acabamiento y confección – todo eso sin contar los procesos de adquisición de toda la maquinaria para hacer esos procedimientos. Naturalmente, no es razonable esperar que todas las personas implicadas en la fabricación de una camiseta conozcan y tengan simpatía por el consumidor final. Más aún, ni aún las personas directa e indirectamente implicadas necesitan conocerse: basta con reunir recursos y trabajo, y entrar en una cadena de cooperación. La división del trabajo es un fenómeno natural dentro de la civilización; sin ella nos veríamos inmediatamente en pleno estado de pobreza.
Ya citamos arriba dos maneras de adquirir bienes y servicios en sociedad: por la empatía y por el mercado. La tercera y última es la ilícita, consistiendo en medios violentos: el saqueo, la expoliación y la esclavitud. Vimos que no es necesario admitir la existencia de cosas como empatía o amor entre las personas para explicar la cooperación en sociedad. Vamos además a mostrar que es perfectamente posible una cooperación también en los servicios de defensa contra la alternativa agresiva.
¿Cómo se organizaría una sociedad libre espontáneamente para defenderse de agresiones? La naturaleza del servicio de protección es, esencialmente, la de un seguro, pues cualquier gasto en defensa de una propiedad representa una especie de póliza de seguro. Aunque sea posible hacer un seguro contra ataques no-provocados – es decir, accidentales -, vamos a concentrarnos aquí en aquellos seguros hechos contra acciones llevadas a efecto por un agresor intencional, que objetivamente opta por agredir una propiedad honestamente adquirida.
Para comenzar, cualquier criminal conocido tendría serias dificultades en contratar servicios de aseguradoras, ya que para eso se le requeriría que previamente se haya comportado de manera no-agresiva, lo que lleva a un natural boicot social a los agresores.
La indemnización por parte de la seguradora cuando un cliente es víctima de un crimen debe ser tal que lleve a incentivarla a: (1) evitar al máximo los crímenes contra sus clientes, suministrando sofisticados medios de protección y prevención de crímenes; y, si no consigue efectuar esa prevención, (2) capturar al criminal para castigarlo a fin de resarcir a la víctima y pagar los costes del servicio.
La libre competencia entre las aseguradoras tiende a descentralizar el sector, disminuyendo los riesgos de abusos y corrupción, y llevando a una caída de precios por valor de propiedad asegurada. Entre otros factores positivos, se puede destacar:
Cuanto mayor es el número de personas aseguradas – y, en una economía moderna, la gente común desea más que autodefensa para su protección -, mayor sería la presión económica sobre los no-asegurados remanentes para adoptar patrones idénticos o semejantes de conducta social no-agresiva.
Además, como resultado de la competencia entre aseguradoras por clientes voluntarios, se produciría una tendencia de caída de precios por valor de propiedad asegurada. A la vez, surgiría una tendencia a la estandarización y unificación del derecho real y contractual. Surgirían contratos de protección con descripciones estandarizadas de propiedades y servicios; y, de la cooperación estable entre diversas aseguradoras en procedimientos de arbitraje, resultaría una tendencia a la estandarización y unificación de las reglas de proceso, de pruebas y de resolución de conflictos (incluyendo compensación, restitución, punición y retaliación), llevando a una seguridad jurídica cada vez mayor y más firme.
Todos, por adquirir seguro de protección, estarían unidos a una empresarialidad voluntaria a escala mundial en la lucha por la minimización de la agresión (y, así, por la maximización de la protección defensiva). Todos los conflictos y pedidos de indemnización, no importan donde y por quién o contra quien, recaerían en la jurisdicción de sólo una aseguradora – o de un conjunto específico de aseguradoras – y de sus procedimientos de arbitraje establecidos en acuerdo.
Como ejemplos de sociedades antiguas que presenciaron servicios de seguridad 100% voluntarios, destaco dos casos.
En el primero, la Islandia medieval – de aproximadamente 860 a 1280 d.C. -, donde la víctima de una agresión era responsable por la ejecución legal, sola o con el auxilio de otras personas – y, en este último caso, podría buscar personas más poderosas, jefes de clanes, por ejemplo, y repartir el resarcimiento con ellas. El resarcimiento por un daño causado era considerado un bien transferible como cualquier otro.
Si, por ejemplo, usted hubiera me causado algún daño, y yo me considerara demasiado débil para forzarlo a resarcirme, yo podría vender o simplemente conceder el poder de cobrar el resarcimiento a alguien más fuerte. A partir de ahí, sería del interés de esa persona cobrar el resarcimiento, sea por su valor económico, sea por la posibilidad de establecer una reputación como «cobrador». (Para más detalles sobre la Islandia Medieval, vea la descripción de David Friedman.)
El segundo ejemplo es el de la pequeña república de Cospaia – que, durante aproximadamente cuatrocientos años, prosperó en Italia central sin ningún gobierno. Allí, los conflictos los resolvían los jefes de las familias. Se escogía a los árbitros por su integridad y no por sus conexiones políticas. No hay indicación alguna de que Cospaia fuera un lugar violento.
En efecto, no debe haber absolutamente ninguna duda sobre la eficacia de un sistema de protección basado en la disposición que las personas tienen a defenderse. Fue así que la ley y el orden se mantuvieron durante la mayor parte de la historia de la humanidad. Gracias a siglos de adoctrinamiento y ofuscación estatista, las personas dejaron de percibir esa obviedad.
A pesar de los avances del estatismo, aún hoy tenemos incontables evidencias empíricas de la superioridad de un arreglo privado de seguridad. En efecto, sólo el hecho de que ese arreglo sea ampliamente utilizado en todo el mundo – inclusive por políticos – ya es una demostración de eso. Dos casos recientes del uso de servicios de defensa privados destacan en los EUA.
El primero ocurre en Atlantic Station, Georgia: una ciudad privada dentro de otra ciudad. Se trata de una ciudad construida con capital privado en el lugar de la Fábrica Siderúrgica de Atlanta, cerrada en la década de 1970. Según relatos:
Las calles están abiertas al público, pero también son propiedades privadas. No es por casualidad que los propios policías se preocupan por el bienestar de la comunidad y de aquellos que la frecuentan. Son empleados de un sistema de libre iniciativa – o, más precisamente, de la Chesley Brown, que provee ese servicio de manera tercerizada para la Atlantic Station. […] Los resultados de la vigilancia policial son tal vez la parte más interesante, dadas las polémicas actuales en lo tocante al abuso policial. Cuando la policía es parte del mercado, el lema ‘servir y proteger’ ser lleva de manera literal.
La comunidad de Atlantic Station tiene reglas privadas severas como no fumar en ambientes abiertos y no portar armas, y las hace cumplir con una seguridad 100% privada de forma pacífica y funcional.
El otro caso ocurrió en Texas, en la comunidad de Sharpstown, situada en el sudeste de la ciudad de Houston. En 2012, la comunidad, representada por la Asociación Cívica de Sharpstown (en el original Sharpstown Civic Association) resolvió eliminar su departamento público de policía y contratar a la empresa privada de patrulla S.E.A.L. Security Solutions. A quien ya está acostumbrado a lo básico de la ciencia económica el resultado no debe sorprenderle: en sólo 20 meses la tasa de crímenes registrados en la comunidad cayó un 61%, según James Alexandre, el director de operaciones de la S.E.A.L.
Dada una breve descripción de agencias privadas, así como ejemplos de algunas aplicaciones diversas en contextos históricos distintos, la pregunta natural que viene a la mente es: ¿sería ese sistema estable en el caso de que fuera adoptado generalmente? O, dicho de otra forma, ¿qué impediría que las principales agencias de seguridad se unieran para dominar coercitivamente territorios y así formar un nuevo estado?
La respuesta es que no hay absolutamente garantía alguna de que eso no suceda. En realidad, hoy día tampoco tenemos tal garantía y, en efecto, la amenaza global es cada vez mayor. Históricamente, vemos incontables agresiones arbitrarias hechas por los estados más bélicamente poderosos sobre los más débiles: además de las famosas guerras mundiales y los incontables casos que ocurrieron a lo largo del siglo XX en Oriente Medio, podemos citar los casos más recientes de la invasión de Rusia en territorio ucraniano y de la subyugación que el gobierno Chino viene sometiendo al pueblo tibetano. Eso sin contar las incontables amenazas atómicas que han existido y que hoy estamos presenciando con la tensión entre Israel e Irán.
Otro punto inherente a la inestabilidad generada por el monopolio estatal de la seguridad y de la justicia es el constante riesgo de abuso de poder por parte de las autoridades, lo que puede generar desde una prisión injusta hasta un golpe militar violento.
Podemos, no obstante, presentar algunos puntos acerca del arreglo privado, los cuales nos llevan a creer que tal escenario será mucho más harmónico y satisfactorio que el estatista. En primer lugar, una vez asegurado el derecho absoluto sobre la propiedad, nada impedirá a los ciudadanos armarse en sus territorios. Las estadísticas muestran que las civilizaciones más armadas tienen tasas de criminalidad más pequeñas: he ahí uno de los principales motivos prácticos de promover el armamento civil. Como bien dijo Benjamin Franklin, «cuando todas las armas sean propiedad del gobierno y de los bandidos, estos decidirán de quién será el resto de las propiedades». La propia descentralización de la seguridad y del armamento ya es, por sí sólo, una medida bastante eficaz de seguridad.
Además de eso, a diferencia del caso estatal, habiendo libre entrada en el sector de seguridad, podemos intercambiar agencias sin necesitar cambiar de territorio, haciendo más difícil el abuso de poder por parte de las seguradoras. Más aún, mientras más agencias existan, más pequeño será ese riesgo. Y solamente el libre mercado dará garantías de que eso ocurra de la forma más eficiente.
Finalmente, una agencia que soluciona sus disputas a base de la fuerza tendrá serios problemas financieros, no importa cuántas batallas venza. Las batallas son caras, además de peligrosas para los clientes cuyos territorios se convirtieran en zonas de guerra. Los clientes van a buscar un protector menos temerario y, sin ellos, el dinero para financiar las guerras cesará.
Un argumento común hecho por economistas ortodoxos en defensa del monopolio estatal de la seguridad y de la justicia dice que el mercado no podría proporcionar una división de trabajo en la producción de la ley, pues la aplicación de la ley, normalmente, requiere el uso de fuerza física; y si sólo algunos miembros de la sociedad están especializándose en el uso de fuerza física, entonces todos los otros en la sociedad quedarán a su merced. Sin embargo, si esta es una objeción a la libertad de elección, ¿por qué no es también una objeción aún más fuerte al estado, ya que el estado – al contrario que una agencia de seguridad bajo un régimen de libre competencia – no tiene ningún rival y, por tanto, está en una posición aún mejor para abusar de su poder?
Como resaltó Gustave de Molinari, las leyes económicas son universales, no dando brechas para excepciones:
He ahí una verdad bien establecida en política económica: en todos los casos en que se quiere proveer las necesidades tangibles o intangibles del consumidor de la mejor manera posible, el trabajo y el comercio deben permanecer libres, pues la libertad de trabajo y comercio tiene como resultado permanente y necesario la reducción máxima del precio y el aumento de la calidad. Otra verdad: el interés del consumidor acerca de cualquier cosa debe siempre prevalecer sobre los intereses del productor. Así, cuando perseguimos estos principios, llegamos a esta rigurosa conclusión: la producción de la seguridad debe, en el interés de los consumidores de este bien intangible, estar sujeta a la ley de la libre competencia.
De esto se sigue que ningún gobierno debería tener el derecho de evitar a otro gobierno entrar en competencia con él, o de requerir que los consumidores de la seguridad recurran exclusivamente a él por este bien.
Ese clásico argumento de Molinari puede resumirse en la forma del siguiente silogismo:
Todos los bienes y servicios son más eficientemente suministrados bajo un régimen de libre competencia que bajo un arreglo inherentemente comunista, con monopolio estatal.
La ley y el orden son bienes y servicios.
Luego, la ley y el orden son más eficientemente suministrados bajo libre competencia que bajo monopolio estatal.
Conclusión.
En general, los economistas más liberales vislumbran como alternativa a la libre competencia en la seguridad una utopía minarquista (o un estado liberal limitado) en las que las acciones estatales están «rígidamente definidas, delimitadas y circunscritas,» mientras el propio gobierno sería una especie de «robot impersonal», operando libre de cualquier «toque de arbitrariedad y capricho».
Eso puede parecer razonable a primera vista, pero, el estado es una institución de una naturaleza determinada, y las acciones esperadas están determinadas por su naturaleza y no por nuestros deseos y fantasías. Entonces, la verdadera cuestión es si es realista esperar este tipo de operación automática e imparcial de un monopolio centralizado. Y, en efecto, no lo es.
El poder corrompe, pues atrae al corrupto. Y el sistema de incentivos generados por un monopolio estatal es verdaderamente perverso. La historia está ahí para mostrar que, como tendencia general, la libertad humana está cada vez más amenazada por la amenaza estatista.
