DE BOICOTS EN EL LARGO PLAZO

    – Edgar Carlos Duarte Aguilar – 

  Es redundante decir que la economía es “una ciencia libre de juicios de valor”. Cualquier ciencia busca describir y explicar lo que es, independientemente de los deseos, gustos o preferencias del científico, de cómo le gustaría a él que la realidad fuera. La economía no es una excepción.

  ¿Cómo puede, pues, un economista decir que cierta política o acción es buena o no, que es deseable o que no lo es, si no se le permite introducir sus propios juicios valorativos? Una solución era la fórmula empleada por el economista austriaco Ludwig von Mises al exponer las consecuencias económicas de la intervención gubernamental. Mises demostraba mediante argumentos que el intervencionismo provocaba una situación que a los ojos mismos de quien proponía la intervención era peor.

  Por ejemplo, los patrocinadores de leyes de salarios mínimos tienen la intención de lograr que todos obtengan en el mercado una retribución que les permita cubrir sus necesidades más básicas, especialmente aquellos que ganan menos. El argumento de Mises contra estas leyes no era que fueran moralmente reprochables o que las consecuencias fueran algo que él mismo considerara más desfavorable, sino que provocaban paro o desempleo, en especial de aquellos con una menor productividad, precisamente los grupos que los patrocinadores buscaban favorecer.

  En una reciente entrada en su blog titulada “Por qué el boicot a los productos catalanes es un error”, el profesor Juan Ramón Rallo emula esta fórmula de Mises. Usando como parámetro las valoraciones subjetivas de quienes desean la unidad de España y, al mismo tiempo, boicotear indiscriminadamente los productos de origen catalán, Rallo trata de demostrar que las consecuencias del boicot provocan una situación peor y contraria a los fines que estas personas persiguen.

  En su blog, el profesor dice muchas cosas que son verdad. Por ejemplo, dice que “Cuando las ventas de una compañía se reducen, no solo salen perdiendo los propietarios de esa empresa, sino también todos los otros agentes económicos que se relacionan con ella”. Es imposible no concordar con él en la mayoría de los puntos que hace. Como es más fácil concentrarme en aquello en lo que no concuerdo, eso es lo que haré en este artículo.

 Antes de empezar, quisiera aclarar que mis valoraciones subjetivas sobre la cuestión son irrelevantes y, como el profesor Rallo, me abstendré de manifestar si prefiero que España permanezca unida o si se debería permitir la secesión de Cataluña. También sé que, como extranjero que vive fuera, no conozco todos los hechos relevantes y, además, no es un asunto de mi incumbencia. Por lo tanto, voy a centrarme en los puntos que estoy en desacuerdo con el análisis del profesor Rallo.

  El profesor empieza concediendo que los boicots son instrumentos de presión social genuinos y que los consumidores son soberanos en tomar en cuenta otras consideraciones, además de calidad y precio. Sin embargo, en el resto del artículo trata de demostrar que en este caso en particular el boicot “resulta especialmente equivocado”. Agrega al final que “por muy legítimo que quepa considerarlo en abstracto, debería ser reputado como un error estratégico incluso por aquellos que desean perjudicar económicamente a los independentistas catalanes”. Yo aquí tengo una duda: ¿significa esto que los boicots están bien siempre y cuando se consideren en lo abstracto pero no se materialicen en un caso concreto o se trata este de un caso muy particular? Porque, como veremos, las consideraciones del profesor pueden aplicarse muy bien a otros casos.

  Dice el profesor que aun en el caso de que el boicot se dirija únicamente contra aquellas empresas que apoyan la independencia, no sería acertado porque saldrían perdiendo también terceros, en especial sus trabajadores y proveedores, necesariamente algunos anti-independentistas en ambos grupos y algunos situados fuera de Cataluña del segundo grupo.

  Aunque el análisis del profesor Rallo es correcto, se centra únicamente en los efectos de corto plazo. El dinero que los españoles no gasten en productos de empresas que favorecen el secesionismo podría gastarse en productos de otras empresas, las cuales demandarían factores de producción adicionales: el trabajo y los productos intermedios que dejarían de ser demandados por las empresas afectadas. Por otro lado, ese dinero también podría ahorrarse y tener como destino el financiamiento e incremento en la inversión en otras industrias, lo cual redundaría en mayor productividad. Podría llevarle un tiempo a la estructura productiva pero en el largo plazo se adaptaría a las nuevas circunstancias. En el mercado siempre hay actores que entran y salen pero el orden se mantiene.

  Además, las consideraciones del profesor Rallo se aplican para cualquier cambio en las preferencias de los consumidores y eso incluye cualquier iniciativa de boicot deliberada. Después de todo, un argumento a favor del libre mercado es que es el mejor sistema para adaptarse a los cambios en las circunstancias.

  En resumen, por un lado, algo no puede ser un instrumento de presión social genuino si siempre va a causar efectos contrarios a lo que se persigue en la práctica y, por otro lado, en el largo plazo la estructura productiva se adapta a las nuevas circunstancias por lo que no necesariamente, en este caso, el boicot resulta especialmente equivocado.