Recientemente la ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad del Gobierno de España, Carmen Calvo, ha sugerido como objetivo a medio plazo conseguir la paridad de sexos en los altos cargos de las empresas privadas. Ya se ha recorrido un largo camino en pos de dicho fin en las administraciones públicas, pero la idea ahora sería obligar a las sociedades y empresas mercantiles a tener una presencia equilibrada de hombres y mujeres en los comités y consejos de dirección. Se argumenta que al ser éstos donde se toman las decisiones importantes, es fundamental la presencia de la mujer, primero, para no prescindir de su talento, que sería un desperdicio, y, segundo, para generar directrices que faciliten su plena integración e igualdad en el mundo laboral. En realidad, el argumento sería aplicable a todas las ocupaciones, no solo a las más elevadas, ya que para casi todos los niveles existen trabajadores de posición inferior sobre los que poder influir. Y para los que se desempeñan en la base, también será importante realizar su actividad de forma efectiva para lo que será útil no desperdiciar talento.
A continuación, haremos un análisis para ilustrar que dicha ley, de aprobarse, sería injusta, económicamente perjudicial y que además, sería contraproducente en cuanto a eliminar la idea de que la mujer vale menos que el hombre a la hora de trabajar. En primer lugar, el hecho de que se discrimine a unas personas concretas a la hora de escoger posibles candidatos no constituye ninguna injusticia. Es más, es estrictamente inevitable. En efecto, para seleccionar a un obrero puede analizarse su experiencia profesional, o bien establecerse una prueba para cribar a todos aquellos no aptos para ese quehacer. Porque la idea es que la tarea en que consista dicho cometido hay que realizarla, y por tanto, el aspirante necesitará reunir las características físicas y psicológicas que se lo permitan. Así, para faenar descargando camiones tendrá que ser fuerte, para laborar de relaciones públicas serán imprescindibles habilidades sociales, para ser coreógrafo necesitará creatividad y conocimiento sobre la danza. Las pruebas para ser, por ejemplo, bombero, son físicamente exigentes. No obstante, no excluyen solo a la mayoría de las féminas, sino también a la mayoría de los hombres; debido a que se trata precisamente de eso, de separar a todos aquellos que no sirvan para dicho menester. En un incendio el fuego no bajará de intensidad si llega a apagarlo una joven, por lo que será absurdo someterlas a pruebas menos exigentes que a sus congéneres masculinos bajo el pretexto de no perjudicarlas. Asimismo, aunque queramos ser muy políticamente correctos habremos de elegir a un individuo para el empleo, y aun siendo transexual, gay, negro, judío, feo y bajito y tullido, el caso es que estaremos marginando al resto de la población, dado que solo podemos admitir a un sujeto para la labor en cuestión. Escoger significa discriminar. Cuando entramos en un bar, estamos descartando a todos los demás establecimientos, lo que es lógico pues no podemos entrar en todos a la vez. Cuando encontramos pareja también excluimos; quizás haya otras personas dispuestas a estar con nosotros, mas, en cuanto aceptemos a una, estaremos rechazando al resto. De esta manera, la discriminación es inerradicable, lo que no conlleva que sea ilícita, a menos que queramos aceptar que cuando entramos en un bar estamos cometiendo una injusticia con el resto de los locales.
Es factible que uno se equivoque. Por ejemplo, puede que el bar que uno elija no sea el más adecuado para sus fines, sin embargo, esto correrá en su propio perjuicio. El titular de un negocio es libre de contratar a quién le parezca. En caso de que desee contratar solo a señoras, por los motivos que sean (en realidad no tiene que justificarse), es libre de hacerlo. Nadie debería poder impedírselo por la fuerza en pos de la paridad de sexos. Cuando las dos partes están de acuerdo en el contrato, este será justo y nadie debería coartar su libertad individual. Cabe la opción de que el dueño no escoja bien a sus asalariados, pero en último término, será él quien pague las consecuencias porque la sociedad mercantil tenderá a quebrar.
Si van a ser los gobernantes los que decidan quién tiene que obrar en cada cargo, no veo cómo justificarán sus decisiones. No creo que un ministro sentado en su despacho pueda saber quién es el más apto para un cometido en una compañía, cuando ni siquiera el dueño de esa firma lo sabe con seguridad. Y no lo sabe con seguridad puesto que para saberlo necesita probar. Es a base de prueba y error que el empresario va encontrando, o más bien creando, toda esa información. Además, las personas no formamos clases homogéneas, no somos objetos. De este modo, aunque se diese el caso de que cierto tipo de individuo suela desempeñar mejor una labor concreta, esto no quiere decir que esto se cumplirá para todos los ciudadanos de ese tipo, o que todos vayan a bregar igual. Al final el propietario tendrá que probar, con lo que siempre hay riesgo de equivocarse. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la incertidumbre es parte fundamental del actuar humano. En la acción humana existe incertidumbre, y por tanto cabe la posibilidad de que nuestras expectativas sean incorrectas, no obstante tendremos que poder errar para que exista acción y actividad empresarial. Si no pidiésemos escoger y fallar, entonces seríamos autómatas. En caso de que solo nos quedase cumplir los mandatos de los gobernantes, entonces, serán ellos los que se extravíen por nosotros ya que al actuar estarán sometidos a la misma incertidumbre.
Suponiendo que los fabricantes lo único que quieren es ganar dinero, tenderán a asignar cada puesto al sujeto más capaz dentro de los disponibles, sea hombre o mujer. Y en la situación de que crean que un varón tiende a ser más productivo y se equivoquen, esto repercutirá en su bolsillo, es decir, serán ellos los que paguen finalmente el desacierto. La paridad de sexos en el mundo laboral no es perjudicial siempre y cuando no sea forzosa; en ese sentido ningún otro reparto lo es. No obstante si es forzosa, no solo es injusta sino que incluso conlleva que no sean los más capaces los que consigan colocarse en el mercado. Porque ¿por qué pararnos en esa paridad?, ¿por qué no obligar a las industrias a que tengan igual número de negros y de blancos, y también de asiáticos, africanos, indios, musulmanes, cristianos, etcétera? Si seguimos por ese camino es muy difícil que las fábricas realicen su labor. Este tipo de pensamientos surgen en las Administraciones Públicas donde no hay que producir nada útil, ni rendir cuentas ante nadie. Mas se olvidan de que las factorías, aparte de ser políticamente correctas, tienen que producir ciñéndose a unos costes, para que después podamos todos los ciudadanos consumir sus productos con altas calidades a precios ajustados. Con esas políticas muchos negocios cerrarían, y lo único que se conseguiría sería empobrecernos a todos, incluidas las mujeres, al tener productos peores y más caros, dejando a un montón de gente capaz sin trabajo por añadidura.
Adicionalmente, estas políticas no fomentan el esfuerzo y el sacrificio para alcanzar una meta como pueda ser un empleo, sino todo lo contrario. Debido a que los cargos se reparten por decreto, habrá mucha menos competencia por lo que ya no será necesario esforzarse tanto.
Es plausible argumentar que, en realidad, lo que existe en la sociedad es una idea muy arraigada de que los hombres son mejores obreros, cuando no es cierto, y que, de este modo, muchas féminas capaces se quedan en la calle y otras para acceder a un puesto de dirección tienen que demostrar una valía muy superior a la de sus homólogos masculinos. Es posible que este sea el caso. De todas maneras, aun así no constituye ninguna injusticia, en vista de que no se está vulnerando la libertad individual de nadie, y en último caso es el empresario el que saldrá perjudicado a causa de que ganará menos dinero que si hubiese contratado a chicas.
Aun suponiendo que ésta sea la situación, esas políticas son contraproducentes a consecuencia de que los operarios masculinos tenderán a pensar que las mujeres están ahí por obligación política y no por su valía, lo que reforzará los prejuicios sexistas en vez de eliminarlos.
Es normal que para lograr nuestros propósitos tengamos que luchar contra los prejuicios y demostrar nuestra valía. Y esto no es ilícito, puesto que la gente es libre de tener los prejuicios que le dé la gana. Quizás un cristiano que se enamore de una musulmana tenga que superar sus prejuicios antes de ganarse su amor. Los varones que comenzaron a realizar una actividad que en ese momento se consideraba típicamente femenina, seguramente también tuvieron que luchar contra prejuicios de hombres y de mujeres para obtener su objetivo. Puede que sea un fastidio, sin embargo no es improcedente que la gente tenga unas ideas concretas, sean las que sean. Si nos parecen infundadas, dichas ideas o creencias, y no coinciden con las nuestras, es a nosotros a quien nos corresponde el esfuerzo de intentar cambiarlas.
A mi entender lo peor de todo es que quien defiende que esas políticas son necesarias afirmando que sin ellas no se conseguiría nunca la paridad, debido a que ese prejuicio está muy arraigado y extendido, está afirmando que la mujer no es capaz por si sola de alcanzar el cargo que sea, aunque para ello tenga que esforzarse el doble que un hombre. En definitiva, está afirmando que las mujeres no son capaces.
